En todos los ordenamientos jur???dicos contempor???neos en el marco del Estado de derecho, en mayor o menor grado, las actividades que los particulares tienen derecho a realizar conforme a la libertad individual y econ???mica garantizada en la Constituci???n, con frecuencia est??? sujeta a limitaciones impuestas por las leyes por razones de inter???s general, someti???ndolas, entre otros requisitos, la obtenci???n previa por aquellos, de alguna autorizaci???n, licencia, permiso o registro administrativo por parte de la ...
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En todos los ordenamientos jur???dicos contempor???neos en el marco del Estado de derecho, en mayor o menor grado, las actividades que los particulares tienen derecho a realizar conforme a la libertad individual y econ???mica garantizada en la Constituci???n, con frecuencia est??? sujeta a limitaciones impuestas por las leyes por razones de inter???s general, someti???ndolas, entre otros requisitos, la obtenci???n previa por aquellos, de alguna autorizaci???n, licencia, permiso o registro administrativo por parte de la Administraci???n del Estado. La iniciativa para obtenerlos est??? a cargo del administrado interesado, y para garantizar su resoluci???n, incluso en las Constituciones se consagra el derecho de petici???n de todas las personas ante las autoridades administrativas y la consecuente obligaci???n de las mismas de responder de manera "oportuna y adecuada." Sin embargo, con frecuencia, la Administraci???n no siempre decide las peticiones que se le formulan, teniendo que enfrentarse los peticionarios con una situaci???n de inactividad, de silencio o de omisi???n por parte de la Administraci???n, quedando el ejercicio de sus actividades, que tienen derecho a realizar, en suspenso. Para remediar esta situaci???n, y como garant???a de los derechos de los administrados, los ordenamientos jur???dicos han establecido la presunci???n de considerar como decidida las peticiones una vez que el plazo establecido para la respuesta oportuna ha vencido, garantiz???ndosele as??? el derecho al interesado de poder defenderse ejerciendo un recurso administrativo o contencioso administrativo contra el acto administrativo t???cito derivado del silencio negativo. Ese beneficio, en todo caso, solo se establece a favor del administrado y no de la Administraci???n, la cual por el transcurso del plazo no deja de estar obligada a decidir. En otros casos, para proteger los derechos de los particulares, los ordenamientos jur???dicos le han atribuido efectos positivos al silencio de la Administraci???n, consider???ndose que con el transcurso de lapso dispuesto para que la Administraci???n decida, sin que la misma se haya pronunciado, se considera que la petici???n formulada ha sido otorgada.Por otra parte, para garantizar los derechos de los particulares, los ordenamientos jur???dicos tambi???n han venido delineando remedios judiciales, habi???ndose configurado, en el elenco de los procesos contencioso administrativos, el proceso contra la abstenci???n o negativa de la Administraci???n a decidir lo que se le peticiona, otorg???ndosele amplios poderes al juez contencioso administrativo para amparar al peticionante y ordenar a la Administraci???n a decidir, pudiendo incluso el Juez sustituirse a la Administraci???n y otorgar lo solicitado. Este libro del profesor Allan R. Brewer-Car???as, recoge, precisamente, algunos estudios sobre este tema de los remedios ante la inacci???n o silencio de la Administraci???n, en sus dos vertientes, de los efectos positivos o negativos asignados en las leyes al silencio administrativo, y del remedio judicial frente a la abstenci???n de la Administraci???n que, en su momento, a???os atr???s, fueron redactados con motivo de la participaci???n en Congresos y Jornadas jur???dicas, siempre reelaborando el tema en aproximaciones sucesivas, y que fueron publicados dispersamente en Revistas y Obras colectivas.
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